El 18 de julio se cumplen 26 años del atentado a la AMIA ¿Qué lugar han tenido los Archivos en la causa? ¿Qué implicó la desclasificación de los documentos de la Agencia Federal de Inteligencia? Hacemos un repaso y te lo contamos.
Una nota de Tuny kollmann en Página12, sostenía que “La desclasificación del material que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) guarda sobre el caso AMIA es una especie de caja de Pandora: nadie tiene claridad sobre lo que puede aparecer”. «Hay información que sí se conoce, como los testimonios de agentes de inteligencia en el juicio sobre irregularidades en la investigación», «pero hay documentos de los que no se sabe nada». Hay «(…) informes de inteligencia de otros países. Según afirman, también esos documentos se conocerán, pero sin identificar qué servicio o qué agente proporcionó la información. Un dato extraño: parece que en la AFI no aparece documentación sobre la muerte de Nisman».
¿Cómo llegamos a esta situación donde hay documentación, pero no sabemos con exactitud cuál es ni quién la produjo?
El tratamiento de los Archivos de la Agencia Federal de Inteligencia ha sido fragmentado. En un primer momento, la Secretaría de Inteligencia entregó copias de documentos sin orden a la UFI AMIA (Fondo UFI AMIA) que fueron desclasificados por el decreto 395/15. Este decreto a su vez desclasificó la documentación de los tres depósitos de la AFI. En 2020, el Presidente Alberto Fernández, dispone una nueva desclasificación sobre la que lo largo de los últimos días han circulado diversas noticias.
En otra nota, Ámbito Financiero informaba que: «Desde la agrupación APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) aseguran que con el Decreto 213/20 solo se tendrá acceso a la documentación que formó parte de las prueba en los juicios relativos. (…) solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios. (…) Al resto de la información documental no se le da carácter “público”, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible». «El nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos (…) y que continúan en secreto (…) no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de una Comisión Investigadora» sobre el atentado.
Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA también solicitaron que los archivos sean de acceso público en su totalidad. En la actualidad Memoria Activa declaró: “Por favor, que cuente (el fiscal Miranda) que método utilizó para leer y estudiar tamaña causa judicial en tan poco tiempo como para tener esta claridad en las conclusiones”.
El informe realizado por el Ministerio Público Fiscal sostiene que hay “una serie de problemas propios de la investigación. En primer lugar, tenemos la participación de agentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad en una trama ilícita (…). En segundo lugar, existen dificultades resultantes del deficiente registro inicial de las pruebas, la desaparición de cintas y del mal estado de conservación del material. Las irregularidades pasadas, la ausencia de inventarios y de hojas de ruta y los varios problemas de resguardo detectados, en efecto, han socavado y comprometen la calidad de la investigación”.
Para que haya justicia es necesario no sólo que sean organismos independientes los que puedan determinar qué es o no documentación relevante para la causa, sino que el acceso a la documentación se dé a partir de su adecuada identificación, organización y conservación. No hay tecnología que reemplace entender qué documentación se produjo y para qué. Preservar el secreto de las tareas de inteligencia no implica ocultar la forma de producción de la información; pero es allí donde se esconde la llave última para su manejo discrecional.
¿Cómo se garantiza justicia a través de montañas de papeles sobre las que no se puede identificar cómo fueron producidos ni por quién? Necesitamos Políticas Públicas Archivísticas para la documentación pública y para la no pública. Para que haya Memoria, Verdad y Justicia.
Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA)
