Compartimos la Nota de preocupación del Consejo Internacional de Archivos ante las medidas adoptadas por el gobierno argentino sobre la Secretaría de Derechos Humanos y sus instituciones.
Sobre el Consejo Internacional de Archivos y la sección de Archivos y Derechos Humanos
El Consejo Internacional de Archivos (International Council on Archives – ICA) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos así como para fomentar su uso por la sociedades de los distintos países del mundo, con espíritu de cooperación y apoyo profesional entre sus integrantes: organismos nacionales, directores de la política archivística, asociaciones profesionales, instituciones archivísticas y archivistas a título individual. Su sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas.
Transcripción:
Nota de preocupación del Consejo Internacional de Archivos sobre las medidas adoptadas por el gobierno argentino y que impacta la Secretaría de Derechos Humanos y sus instituciones
París, 9 de enero de 2025
El ICA y su sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) expresa su profunda preocupación por la situación de los despidos masivos anunciados por el Ministerio de Justicia de Argentina el 31 de diciembre de 2024. Hemos tomado conocimiento que dichos despidos afectan a la Secretaría de Derechos Humanos y a organismos como el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, dependientes de dicho Ministerio.
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM), creado hace más de 20 años como organismo desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene como objeto la preservación y acceso a documentos vinculados al quebrantamiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el cual esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino, así como a material sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.
Con la transformación de la ESMA en espacio de memoria, en el año 2007, el Archivo Nacional de la Memoria instaló sus oficinas y dependencias en los edificios que había ocupado la Escuela de Guerra Naval, espacio donde funciona hasta la actualidad. Algunos edificios fueron rediseñados y modificados con el objeto de recibir los documentos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP).
Desde su creación, el ANM ha ampliado permanentemente su acervo a partir de la recepción de diversos fondos y colecciones documentales hasta llegar a gestionar 5 kilómetros de documentación en distintos soportes. Varios de sus fondos y colecciones fueron declarados Memoria del Mundo por la UNESCO en el año 2007.
Asimismo, ha ido incorporando especialistas en archivística, conservación e investigación histórica para los distintos procesos involucrados en la gestión de su documentación. Los equipos del Archivo han ofrecido y ofrecen, a su vez, capacitaciones y asistencia técnica a otras instituciones de todo el país, entidades de carácter local, provincial, nacional e internacional, tanto del ámbito público como privado.
Los despidos anunciados el 31 de diciembre de 2024 afectan al 40% de la planta de trabajadores del Archivo. La pérdida de estos puestos de trabajo obstaculizará el desarrollo de las funciones del ANM en cuanto a la preservación y acceso a los fondos y colecciones documentales que custodia la institución.
Esta situación también afectará la capacidad de respuesta del organismo ante los pedidos de colaboración de la Justicia en las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Del mismo modo, pondrá en riesgo las tareas de relevamiento y sistematización permanente de la información sobre el accionar represivo ilegal del Estado argentino, que también acompaña a las víctimas en el camino de búsqueda y reparación.
Estas políticas construidas a partir de la recuperación de la democracia hace 40 años son parte de un largo recorrido en Argentina. La disolución de programas y organismos y el recorte del personal, amenaza el rol del Estado como garante de derechos individuales y colectivos y como instrumento de reparación, exigencia de responsabilidades, castigo a los culpables y conocimiento objetivo de la verdad acerca de lo ocurrido durante las violaciones a los Derechos Humanos.
Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA insta al gobierno argentino a:
1. Garantizar el mantenimiento de los contratos de archivistas, conservadores, investigadores y otros integrantes de los equipos de trabajo del Archivo Nacional de la Memoria.
2. Designar autoridades responsables y profesionales en dicha institución.
3. Asegurar la preservación y acceso público de los fondos y colecciones documentales que preserva el Archivo Nacional de la Memoria.
4. Continuar las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos.
