LA CEGUERA DE LA VOLUNTAD
La Administración electrónica implementada en Argentina a través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GdE), aún en un contexto de cierta normalidad, no es adecuada archivísticamente, es confusa (y hasta peligrosa) en su desarrollo normativo y, por lo menos, cuestionable en cuanto a las opciones tecnológicas adoptadas. En síntesis, no es confiable.
Que la voluntad es necesaria en cualquier empresa que acometa la Humanidad es algo que no sólo esta Asociación sabe por desarrollo intelectual sino, sobre todo, por desarrollo profesional y práctico como archivistas en la Función Pública. Ahora bien, sin conocimientos, la voluntad es un motor sin carrocería. No somos confiables porque lo proclamemos a los gritos, lo somos porque los y las demás confían.
En ese sentido, las palabras del ex-Ministro (y sobre el final de su Gobierno) Secretario de Modernización difundidas por el diario La Nación en su nota del 5 de abril del corriente año nos convocan a insistir en señalar que:
a) Aplaudimos y celebramos que la administración electrónica haya llegado para quedarse,
b) En la Administración Pública Nacional, mal que le pese al señor ex – Secretario, ésta no tiene su punto de partida en el Sistema de Gestión de Documento Electrónicos (GdE) sino en antecedentes tan variados como el Art. 30 de la Ley 24.624, la Decisión Administrativa 43/96, la Ley 25.506 de firma digital, Plan Nacional de Modernización (Decreto 103/2001) Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico (Decreto 378/2005) entre otra normativa. A eso deben sumarse las diversas etapas del Foro de Agenda Digital y, sobre todo, en el conocimiento acumulado de ya varias generaciones de (desgraciadamente inconsultos) trabajadores del Estado,
c) La actual situación de crisis no sólo no debería menoscabar los aportes de los y las profesionales de la gestión documental y administración de Archivos sino, muy por el contrario, potenciar su consulta, ¿o hay algo más importante en una crisis que una adecuada gestión de datos acumulados? Para implementar políticas sanitarias, necesitamos contar con los datos respecto a la disponibilidad de camas de terapia intensiva, respiradores, detalle de insumos por hospital y por jurisdicción, cantidad de personas que ingresaron al país, de dónde venían y hacia dónde fueron, etc. Todo esto de forma rápida y fehaciente para afrontar la crisis actual, pero también en el mediano plazo para los posibles rebotes y, en una perspectiva de largo plazo, para contar con estadísticas confiables que permitan implementar políticas públicas sustentables al respecto.
Como ya hemos manifestado públicamente en más de una ocasión respecto de GdE: es una buena idea mal implementada. Probablemente, producto de un error estratégico de implementación inconsulta, vertical, en forma de un shock imposible de manejar por las autoridades y con una nula mirada interdisciplinaria.
Así, cuando el GdE funciona tecnológicamente de forma adecuada (algo no muy frecuente, basta sólo recordar el 98% de malestar entre los usuarios que contabilizó la Auditoría General de la Nación), es deficiente funcionalmente y son nulas sus capacidades de gestión archivística. Y, en gran medida por ello, en términos de acceso y transparencia, es restrictivo y oscuro; en sus aspectos legales confuso y generador de caos en la APN; en cuanto al manejo de contingencias parte de la ilusión de que no las habrá; y, los conceptos de preservación digital y mantenimiento de la cadena de custodia, son inexistentes.
Ahora bien, respecto de los conceptos volcados por el Sr. ex – Secretario en la nota de referencia (que tuvo una previa en el mismo diario el 1 de abril de 2020) esta Asociación de Archivistas en la Función Pública (AFPA) entiende que:
1) El funcionamiento del Estado, de la administración de la “cosa pública” no puede depender, no puede subordinarse al adecuado funcionamiento de un Sistema de Administración Electrónica, cualquiera sea el grado de eficiencia del mismo en condiciones normales
2) “¿Cómo van a hacer para agregar a un expediente electrónico un acto administrativo en papel?” se pregunta el ex – funcionario, bueno, en principio como planteaban sus implementadores: digitalizando e incorporando el documento al módulo que corresponda (esperemos que con un procedimiento mejor que el establecido por la Res SMN 18 – E – 2018 y sin el agregado de intentar eliminar el original)
3) También señala el ex – Secretario que “La digitalización de la burocracia estatal que implementó la gestión anterior podría empezar a dar marcha atrás”, más allá de casos aislados, lo que hizo GdE (al implementar tecnología sin rediseño de procesos) fue informatizar la burocracia, no necesariamente eliminarla
4) Asimismo, para «determinar quién y ante qué circunstancia se configura la contingencia”, el decreto 338/20 es claro: debe transcurrir una hora desde que se informe la incidencia a la Jefatura de Gabinete de Ministros por lo que no alcanza “con solo invocar que su oficina en ese momento no tenía conexión, el acto administrativo fue hecho en soporte papel y en el protocolo especial». Finalmente, una contingencia es eso: una contingencia.
La implementación de la administración electrónica, balanceada en una triple perspectiva (archivística, técnica y legal), sigue siendo la respuesta para mejorar las debilidades estructurales que tiene el Estado para gestionar su información e implementar políticas públicas de urgencia (fundamental en tiempos de pandemia y distanciamiento social obligatorio).
Suponemos (e insistimos ante la gestión actual) que superada la mencionada contingencia se tomen las medidas adecuadas para la necesaria integración de la perspectiva archivística (y de otra gran cantidad de saberes acumulados por los y las trabajadores del Estado hace ya décadas) para el adecuado manejo de una herramienta que puede ser útil o inútil.
Esa utilidad o inutilidad (prueben de clavar un clavo con una cinta métrica) no dependerá, tan sólo de una voluntad política enunciada, sino de sus efectos de realidad.
Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA)
