Entrado el nuevo año y en diálogo con la demanda de un plan de apertura de los servicios presenciales de consulta de archivos y bibliotecas que ha comenzado a plantear la comunidad académica, desde la Asociación de Archivistas en la Función Pública (AFPA) queremos expresar una vez más nuestra posición como colectivo profesional.
En relación a ello, advertimos que la crisis ocasionada por la pandemia pone en evidencia las consecuencias de la falta de desarrollo de políticas archivísticas efectivas, entre las cuales las restricciones al acceso emergen como la punta de un iceberg. Esta ausencia regularmente pretende enmendarse con soluciones tecnocráticas y carentes de sustento desde la perspectiva de la gestión documental y la administración de archivos. Respondiendo sólo al espasmódico impulso de digitalizar -sin garantías de autenticidad, fiabilidad, integridad ni accesibilidad a mediano-largo plazo de los documentos de archivo-, estas “soluciones” terminan siendo una falacia. Indicativo de esto es la imposibilidad de consulta remota de la documentación que ya se encuentra digitalizada y se conserva hace años en los Archivos de nuestro país. Para evitar esto es fundamental el diseño, implementación y supervisión de planes de preservación digital regidos por la perspectiva archivística.
En este contexto de emergencia sanitaria -sumado en muchos casos a la precariedad invariable de nuestras condiciones laborales y a la falta de recursos institucionales para facilitar el trabajo remoto-, los y las archivistas no podemos más que coincidir en la demanda de los/as científicos/as sociales de incluir en la agenda pública la cuestión del acceso a los archivos y a la información. Señalamos al mismo tiempo que no se trata únicamente de cuándo y cómo abrir las puertas de las instituciones para responder a las necesidades de la investigación.
Porque cuando nosotros/as hablamos de archivos, por supuesto que hablamos de historia, pero también hablamos de gestión documental, de memoria institucional, de derechos ciudadanos. Porque sabemos que sin una adecuada gestión de los documentos -sea en soporte papel o electrónico- a lo largo de todo su ciclo vital, el derecho de acceso a la información no será una realidad efectiva en nuestro país.
Porque no alcanza con digitalizar: si hace tiempo que coincidimos en la necesidad de ampliar el acceso a los archivos, nos falta todavía comprender cómo hacerlo de manera efectiva. Y ése «cómo» requiere de la implementación de políticas públicas archivísticas que reconozcan los aportes de la disciplina, y respeten y reconozcan también -tanto moral como económicamente- a sus profesionales.
Por ejemplo, como aporte frente a la contingencia que el COVID planteó a los archivos y ante el vacío total de directrices oficiales, hace unos meses circulamos desde AFPA el documento de «Recomendaciones para la conservación y la consulta de archivos en contexto de pandemia« que elaboramos en colaboración con colegas de ASINPPAC.
Entre la incertidumbre y el cortoplacismo de las políticas archivísticas, seguiremos trabajando, formándonos y fortaleciendo el compromiso de exigir la generación de políticas públicas de calidad para garantizar el efectivo cumplimiento de la triple función social de los Archivos.
Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA)
