Los Archivos son el mejor indicador de la calidad institucional de una Administración
«Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado (…) El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida». Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada por la Conferencia General, 36o Reunión, de la UNESCO, París, 2011.
Los Archivos garantizan la posibilidad de conocer el pasado, la supervivencia de la memoria institucional y el ejercicio de derechos individuales y colectivos. De una adecuada política de Gestión Documental y Administración de Archivos -para documentos analógicos y electrónicos, de cualquier fecha y soporte- dependen:
- El desarrollo de políticas públicas de calidad y sostenidas en el tiempo. La información que produce la gestión puede y debe ser reutilizada para el diseño e implementación de las políticas públicas. Éstas deben estar basadas en una gestión documental eficiente que permita la disponibilidad en contexto de documentos auténticos, fiables e íntegros, por el plazo que corresponda. Debe destacarse enfáticamente que los documentos electrónicos también son objeto del tratamiento archivístico y deben formar parte de la política de Gestión documental y Administración de Archivos.
- La posibilidad de implementar el derecho de acceso a la información pública (si no se sabe qué se produce y qué se produjo, ¿cómo se podría dar respuesta?) y generar políticas de transparencia y datos abiertos (data mining / big data).
- La capacidad de aportar documentos a la justicia y/o a las políticas de memoria (podemos “abrir los archivos”, pero sin inventarios y claridad respecto a qué tipo de información se encuentra en qué lugar, esa apertura no nos permite conocer).
- La preservación de las fuentes del conocimiento social en general y de la(s) historia(s) en particular.
Para generar políticas públicas archivísticas eficientes es necesario actualizar el marco normativo, asignar el presupuesto suficiente, reconocer la especificidad de la tarea archivística con acorde reconocimiento profesional, así como estandarizar los procedimientos de gestión documental. Esta política, expresa y expresada públicamente, requiere de la participación de una gran cantidad de agentes sociales pero, especialmente, la de los/as profesionales de la Archivística. En ese sentido, es fundamental que el Archivo General de la Nación, órgano rector en materia archivística nacional y con incumbencia en la supervisión de los Archivos administrativos y en el establecimiento del valor secundario de los documentos producidos en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (ley 15930, Decisión Administrativa 797/16 y Dec. 1131/16) ejerza el rol que le corresponde por sus competencias, funciones y la experiencia de sus profesionales. Asimismo es fundamental jerarquizar las áreas de Archivo y a los y las profesionales que en ellos desarrollan sus funciones en las estructuras de la administración pública nacional, provincial y municipal.
Sin Archivos no hay garantía de derechos, no hay memoria, no hay futuro.
Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA)
