La Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA), manifiesta públicamente su preocupación por algunos de los conceptos vertidos en la Nota “Los bonaerenses tienen su propio Archivo Provincial de la Memoria” publicada el 28 de marzo en Página/12, y las posibles consecuencias en materia de políticas públicas archivísticas que traen aparejados los mismos.
En relación con ello, queremos destacar:
- Los Archivos no cuentan historias, habilitan a otros/as a contarlas
- Los Archivos preservan documentos en contexto, no sólo información
- Los Archivos no alteran la procedencia, el orden original ni la integridad de los fondos
- Los Archivos no pueden gestionar la totalidad…el Todo esto es tan imposible de gestionar como la Nada; por eso es tan importante seguir procedimientos reglados, explicitar criterios y hacerlos públicos
- Los Archivos se pueden censar, los fondos documentales describir, las bases de datos gestionar, los datos extraerse y reutilizarse… no al revés
Una buena política archivística no refunda lo fundado, no reniega de las instituciones y profesionales que la precedieron… una buena política archivística es acumulativa, colaborativa y, sobre todo, trata de no ponerse adelante la misma piedra con la que ya tropezó.
En ese sentido, la presentación en dicha nota de un Archivo Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires utilizando tantas palabras de diverso significado como sinónimo, nos alerta a pensar que se está atentando, justamente, contra aquello que se pretende preservar.
Por ejemplo, las diferencias entre “información”, “documentos”, “archivos” y “memoria” son clave para constituir un tipo de institución u otro. No es lo mismo un Archivo, que un Centro de Memoria, que un Instituto de Investigaciones; en uno se preservan los documentos con su contexto de producción (respetando los principios de procedencia, orden original e integridad de los fondos de archivo), en los segundos se coleccionan originales o copias de documentos referidos a una temática con cierto criterio de acumulación no archivístico y en el tercero se elaboran producciones que dan cuenta de determinadas temáticas o perspectivas del Instituto en cuestión.
Por ello, hay afirmaciones que nos preocupan.
Nos preocupa la presentación de un Archivo que se da por función “contar una historia” en vez de preservar documentos para que otros y otras “cuenten”, nos preocupa un Archivo que es presentado como recibiendo indistintamente “información” o “documentos” de organismos públicos; ya que en el primer caso no sería un Archivo el que lo hace, sino un Centro de Documentación; y en el segundo se estaría presentando como una buena política pública la ruptura de la integridad de esos archivos, con las nefastas consecuencias que en materia de Verdad, Memoria y Justicia trae aparejado el perderse el contexto de producción de los documentos. Nos preocupa que se desconozca que cada organismo inevitablemente ha producido su archivalía, y que si ésta no está adecuadamente gestionada y accesible es por la desatención estructural hacia las áreas y profesionales de Archivo que deben hacerlo: y no porque no haya “un archivo que cuente ese capítulo de su historia”.
Respecto de este último punto, nos preocupa aún más la ruptura de la integridad del fondo de archivo y del contexto de producción de los documentos del Hospital subzonal Elina de la Serna de Montes de Oca que habría entregado “documentación con registros de niños y niñas alojados en un hospital durante la última dictadura” (Nota: “Archivos para la reconstrucción de la memoria” – Página 12 – 19/03/2021)
Asimismo, en materia de políticas públicas archivísticas, entendemos que es necesario ponerle indicadores concretos a los problemas de acceso a los Archivos. Porque lo que es una realidad cotidiana para los profesionales de la disciplina, se encuentra escasamente visibilizada. Y es notable la ausencia de los/as mismos/as en otra cosa que no sea, como mucho, la enunciación de un discurso fundacional que, diciendo pagar deudas, no hace más que endeudarse con aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras que le han puesto el cuerpo a sostener el cumplimiento de la triple función social de los Archivos, frente a la ignorancia o desprecio de las autoridades de turno.
Así, un adecuado diagnóstico de lo hecho, tanto por las áreas de dirección, como por el personal (profesionales de la disciplina o no) a cargo de los Archivos puede permitir, mediante una adecuada evaluación sobre indicadores concretos, determinar de quién es la deuda con la inexistente implementación efectiva de una política pública en materia de Archivos.
A partir de ese diagnóstico, de ese poner en “números” las palabras, también podremos reconocer y, por qué no, distinguir (en el sentido de la “distinción”) experiencias de éxito tales como, por ejemplo, la gestión del fondo documental ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (ex – DIPPBA), el trabajo realizado en conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Archivo General de la Nación sobre los Archivos de las Fuerzas Armadas que dio como resultado, entre otras cosas, la creación del Sistema de Archivos de la Defensa (proyecto sin parangón en el ámbito latinoamericano), entre otras iniciativas sostenidas por los y las trabajadores y trabajadoras.
Una vez identificadas y analizadas estas experiencias entendemos que una política eficiente requeriría replicar los casos exitosos y evitar reproducir estrategias y accionares fallidos.
Finalmente, y para cerrar con lo que empezamos, nos parece importante que se defina el alcance del denominado Registro Público de la Verdad.
En la nota se menciona “toda información generada en las estructuras propias del Estado provincial o reunida y atesorada por anónimos ‘guardianes y guardianas de la memoria’”. ¿A qué se refiere? Archivísticamente hablando, la idea de totalidad nos parece abrumadora (e ingenua). Los y las que hemos trabajado con fondos documentales sabemos que la totalidad (aún sólo la totalidad de aquello efectivamente conservado) tiende a ser imposible de gestionar.
Pero, además, ¿centralizará “información” o “documentos”? si es esto último ¿serán originales o copias? ¿generará un Censo – Guía de Archivos? ¿un portal de acceso? ¿una base de datos colaborativa?… en fin, esas definiciones no son de preciosismo dogmático o conceptual: son las que deberían guiar la planificación, ejecución y supervisión de las acciones para evitar armar un collage, eventualmente, con documentos originales que perderían su contexto para siempre y, por ende, su potencia para habilitar relecturas.
Compartiendo la valoración por aplicar tecnología a los procesos de gestión documental y administración de Archivos, también nos preocupa que esa inyección de tecnología se haga (como hasta ahora, en la gran mayoría de los casos) basada en una perspectiva tecnologicista que desatiende la necesaria perspectiva archivística que debe guiar el proceso; generando, luego del gasto de recursos siempre escasos en nuestra administraciones, tan sólo copias digitales desprovistas de contexto y con serias limitaciones para dar cuenta de su autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad en el tiempo, como ya ha sido evidenciado en tantos casos.
Finalmente, como colectivo profesional que adhiere a los “Principios básicos sobre el papel de Archiveros y Gestores de documentos en la defensa de los Derechos Humanos” generados por la Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos y aprobados por la Asociación Latinoamericana de Archivos, cuyo principio 1 indica “Instituciones, archiveros y gestores de documentos deben crear y mantener en sus sistemas archivísticos las instalaciones que protejan los archivos que documentan derechos humanos y trabajarán para asegurar que la gestión de esos archivos preserve la integridad de los documentos y su valor como evidencia” no podemos más que alertarnos (y alertar) frente a la confusión conceptual y el grave riesgo político que en toda esa nota se haya reflejado.
Tal y como ya hemos manifestado públicamente en distintas actividades de la Asociación, y en el Manifiesto fundacional “Sin Archivos No Hay Futuro”, es objetivo de esta Asociación apoyar y colaborar en todas las medidas que favorezcan las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia; ya sea las vinculadas a develar el accionar del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar; como el generado en otros períodos, y sobre otros colectivos subalternizados.
En ese sentido, consideramos que una de las maneras de efectivizar esas políticas es en el marco de una adecuada política de archivos; lo que, en principio, sigue siendo una enorme deuda de la democracia, tal como sigue siendo señalado por el reclamo social de “¡Abran los Archivos!”.
Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA)
