Desde el anuncio del Archivo General de la Nación sobre la «desclasificación» de documentos relacionados con actividades nazis en Argentina hasta el “hallazgo histórico” de cajas con material de propaganda nazi en la Corte Suprema: ¿qué hay de cierto en estos anuncios?, ¿cuál es la preocupante realidad que se esconde detrás? Preguntas urgentes en tiempos de vaciamiento.
El pasado 29 de abril la Jefatura de Gabinete de Ministros publicaba en su cuenta de Facebook que
“El Archivo General de la Nación hizo públicos documentos desclasificados sobre actividades nazis en Argentina y decretos presidenciales secretos. Gracias a un extenso trabajo de restauración y digitalización, ahora podés acceder a más de 1850 informes y casi 1300 decretos clasificados.”
Diversos medios de circulación masiva se hicieron eco de la noticia, como Clarín que tituló su nota “Desclasificaron documentos sobre los nazis del Archivo General de la Nación: Josef Mengele y cuáles otros jerarcas estuvieron en el país”, afirmando que ahora “la documentación es de acceso libre y online para todo el público en general” y que “la medida había sido anunciada el 24 de marzo y fue un pedido a Javier Milei”.
¿Qué hay de cierto en el anuncio?
La documentación en poder del Archivo General de la Nación (AGN) que la Jefatura de Gabinete dice haber hecho pública y que los medios de comunicación mencionan como desclasificada está al acceso público desde 1992 y 2012.
El primer conjunto de documentos, de acceso público desde 1992, está formado por dos cajas registradas como “Archivos sobre documentación nazi”, cuyas fechas extremas abarcan el período 1956-1987. Fueron transferidas al AGN en cumplimiento del Decreto N° 232/92, firmado por Menem. El decreto desclasificó los documentos relacionados con criminales nazis y ordenó la entrega al AGN de toda la documentación que los organismos del Estado nacional tuvieran reservada en sus archivos. La documentación es de tres procedencias diferentes: la Dirección de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Gendarmería Nacional, tal como se informa en la descripción general de la serie documental, disponible en este enlace.
El otro conjunto de documentos está constituido por decretos que fueron desclasificados y publicados en Boletín Oficial por disposición del Decreto 2103/2012. Los decretos desclasificados fueron transferidos al AGN, donde empezaron a digitalizarse en 2023, tal como puede verse en la nota “El Archivo General comenzó a digitalizar los Decretos secretos y reservados desclasificados”.
Es falso que “Por decisión del presidente Javier Milei, el Archivo General de la Nación (AGN) puso a disposición una serie de documentos desclasificados que incluyen información sobre operaciones nazis en Argentina”.
Es falso que “Tras realizarse el pedido, el AGN realizó un proceso de restauración, digitalización y descripción documental que ahora está dispuesta para ser consultada de manera libre en su página web”. La digitalización se hizo hace varios años.
Es falso que “esta misma solo podía consultarse en una sala del Archivo General de la Nación especialmente habilitada”. La documentación estaba disponible para la consulta como cualquier otra documentación preservada por el AGN.
Es falso que “El gobierno ha hecho pública documentación inédita sobre criminales nazis en Argentina. Decretos presidenciales, también clasificados, ahora están disponibles para su consulta”.
Nos preguntamos entonces: ¿por qué los medios de comunicación difunden cómo novedad algo que estaba a disposición desde hace tantos años?
La paradoja del desmantelamiento: apropiarse de lo que se está destruyendo
Resulta más grave aún el hecho de publicitar como un acto de este gobierno un trabajo que se empezó a realizar hace muchos años (en algunos casos más de 30), para lo cual el Estado debió invertir en recursos económicos y en la formación de recursos humanos que llevaron adelante la tarea.
El mismo gobierno que está cerrando los espacios de memoria, que está expulsando a sus trabajadores/as y que está dejando a los archivos en situación de total abandono: tanto a aquellos creados en el marco de las políticas de memoria y justicia transicional -como los espacios de memoria o el Sistema de Archivos de la Defensa que mencionamos en marzo de este año– como a los pertenecientes a instituciones hoy en proceso de cierre, entre ellas las de desarrollo social. Mientras amenazan con fusionar instituciones con competencias totalmente diferentes (como archivos con bibliotecas o archivos generales con institucionales) porque no llegan a comprender las diferencias entre unas y otras, lanzan como “noticia” un trabajo realizado hace años y que insumió mucho tiempo de realización.
Justamente, porque el trabajo archivístico requiere de voluntad política y de recursos (humanos y económicos), porque no es una cuestión de digitalizar como mágica solución a todos los problemas de archivo, es que solicitamos a los medios de comunicación que rectifiquen las malas interpretaciones o las noticias falsas que estuvieron circulando, se limiten a darle difusión al gran avance que significa el facilitar el acceso a través de la web, pero reconociendo la cantidad de trabajo que hay detrás de ello y la urgente necesidad de elaborar políticas públicas archivísticas para que estos trabajos no dejen de realizarse y se pueda seguir accediendo a documentos en contexto.
Desclasificación y acceso: una diferencia que importa
Nos parece importante hacer una aclaración respecto al concepto de «desclasificación”
La clasificación es una decisión administrativa con efectos jurídicos: impone a ciertos documentos un régimen legal especial que restringe el acceso. Quitar la clasificación de seguridad de la documentación es una condición necesaria para que la misma deje de ser secreta, confidencial o reservada. O sea: es muy importante la desclasificación de documentación que fue clasificada.
Pero con eso, no alcanza para que la documentación sea accesible. Para ello, se requiere de otras tareas archivísticas (identificación, clasificación, descripción, etc).
En el uso angloamericano del concepto «desclasificación» se asimilan ambas tareas (suelen utilizar el concepto de «desclasificación» como sinónimo de quitar la clasificación de seguridad y tener listo el material para la consulta) pero en la archivística iberoamericana se diferencian ambas tareas. Además, tenemos muchísima experiencia en relación a «anuncios de desclasificación» que se quedan en la mera norma de levantar el secreto. Sabemos que el inmenso trabajo que debe haber a posteriori para que el acceso sea posible (con recursos económicos y de personal), no siempre es asegurado.
Para garantizar el acceso a la información es necesario realizar un trabajo archivístico que permita a cualquier persona acceder a los documentos en contexto y poder elegir qué documentación quiere consultar. Eso implica hacer público qué documentación está disponible (inventarios), qué institución y área la produjo, en el cumplimiento de qué misiones y funciones, para la realización de qué tareas y qué tratamiento o selección de documentos se fue realizando desde que los documentos fueron producidos hasta hoy.
La presentación de documentos descontextualizados, la apropiación del trabajo de años haciendo figurar como novedad el acceso a documentación que está disponible desde hace décadas, en un contexto de recorte presupuestario y vaciamiento de políticas públicas es, cuanto menos, una actitud perversa.
Por otra parte, poner a la consulta pública implica que la documentación debe estar disponible para ser consultada por completo sin restricciones, en una sala de consulta de un Archivo o en la web. Sin que haya que pedirla vía “pedido de acceso a la información” a una oficina.
Cuando el abandono se disfraza de descubrimiento
Y esto es justamente lo que sucedió con la otra “gran novedad” publicitada por los medios: el “hallazgo histórico” de cajas con material de propaganda nazi, que se encontraban desde 1941 en la Corte Suprema y fueron halladas arrumbadas en el subsuelo del edificio mientras se realizaban tareas para una mudanza cuyo objetivo es armar un museo.
¿Cómo pudo suceder que el Archivo de la Corte Suprema no tuviera identificado ese material? ¿No lo tenía identificado o es que nunca había contado con los recursos para poder trabajarlo? ¿Cómo puede una institución hablar de “hallazgo histórico” sobre documentación que está a su cargo? ¿Qué tipo de trabajo y tratamiento archivístico se está dando en las instituciones?
Los archivos (frecuentemente condenados al destrato y al olvido) contienen un montón de información referida a una gran variedad de temáticas. Antes de evaluar los posibles temas de investigación, cada institución debiera hacerse responsable de gestionar la documentación que produjo en relación a su funcionamiento. Esa gestión documental es clave para garantizar la seguridad y transparencia de las actuaciones administrativas y para preservar la memoria institucional. Para lograr esto, es necesario asignar personal especializado y un mínimo de recursos que permita el funcionamiento..
El histórico tratamiento coyuntural dado a los documentos de archivo debiera ser motivo de vergüenza y no de grata sorpresa.
Estos casos evidencian la urgente necesidad de generar políticas públicas archivísticas desde una perspectiva integral que permita identificar, organizar, describir y poner al acceso los documentos. Pero para que los documentos de archivo puedan abrirse a una multiplicidad de consultas temáticas -muchas de las cuales quizás hoy no podamos siquiera imaginar- es necesario que se trabaje sin instrumentalizarlos (esto es, sin identificarlos y ordenarlos en función de intereses temáticos del momento), ni extractivizarlos (sin extraer de los mismos los documentos que refieren a determinados temas).
Archivos para la historia, la memoria y los derechos : no es magia
Desde la Asociación de Archivistas en la Función Pública insistimos en la necesidad de fortalecer las políticas públicas archivísticas y reconocer el rol social del archivista dentro de la Administración. Consideramos fundamental promover su profesionalización para visibilizar la dimensión social y política de esta tarea, especialmente porque el acceso a los archivos constituye un derecho instrumental: habilita el ejercicio de múltiples otros derechos.
Por eso promovemos la aplicación de la disciplina archivística para una gestión documental que garantice la preservación integral y el acceso a los archivos públicos.
Defendemos el valor de los archivos públicos como garantes del acceso al patrimonio documental —analógico o digital—, respetando su autenticidad, integridad y usabilidad a lo largo del tiempo.
Sostenemos que los archivos cumplen una triple función social: posibilitan el conocimiento del pasado, el ejercicio de derechos, y el fortalecimiento de la eficiencia institucional y la transparencia.
Y advertimos sobre la necesidad de asegurar el acceso a los documentos en su contexto original, evitando su manipulación o apropiación en función de intereses particulares.
Este enfoque no es abstracto: tiene consecuencias concretas. Muchos otros archivos pueden brindar información sobre la incidencia de las actividades nazis en la Argentina, especialmente los de instituciones cuyas competencias se vincularon a observar o controlar estas actividades, como la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas creada en el ámbito del Congreso de la Nación.
Lo mismo puede pensarse respecto a otros países: ¿ese envío de documentación desde la Embajada alemana en Japón se dirigió sólo a la sede en Argentina? ¿O fue parte de un modus operandi que podría rastrearse en otras embajadas en el mundo?
Para responder a estos interrogantes se necesitan políticas públicas archivísticas integrales, con personal capacitado y reconocido salarialmente y con instituciones dirigidas por profesionales formados en la disciplina.
Los archivos son historia, memoria y derechos. Si el Estado pretende aportar su información al mundo, debe acompañar ese discurso con políticas públicas sostenidas que aseguren su funcionamiento.
