¿Qué hay detrás del anuncio sobre la desclasificación de los archivos?
Compartimos la entrevista realizada por Barricada TV sobre este tema a Mariana Nazar, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Archivistas en la Función Pública de Argentina (AFPA). Te invitamos también a leer el comunicado que emitimos sobre este tema en este enlace.
En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por convocar a AFPA, la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, para contar cómo vemos esta medida anunciada, medida que fue anunciada, pero que todavía no tiene, entiendo yo, un correlato en una norma que especifique de qué se está hablando, ¿no? Es algo a lo que este gobierno nos tiene acostumbrades: a frases grandilocuentes, a determinados discursos que, cuando vamos a la práctica concreta, no terminamos de entender en dónde se reflejarían.
Lo que escuchamos que se anunció es la desclasificación. Cuando hablamos de desclasificación en materia archivística, hablamos del levantamiento de la clasificación. Es decir, el levantamiento de la clasificación de secreto, confidencial o reservado de documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
Como bien señalaste, esa desclasificación ya sucedió por un decreto del año 2010. O sea, en el año 2010 hubo un decreto que desclasificó los documentos generados en el ámbito del Ministerio de Defensa, que es el que tiene a su cargo las tres Fuerzas Armadas, del período 1976-1983.
A partir de esa desclasificación, en el Ministerio de Defensa se creó un programa super interesante, comprometido, para poder acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas, porque hay algo que quizás haya que aclarar, porque no toda la gente tiene por qué saberlo: levantar la clasificación de seguridad de un documento, no hace que automáticamente ese documento esté a la consulta pública.
Todas las instituciones estatales, incluso todas las instituciones, generan un montón de documentación a lo largo del desarrollo de sus funciones. Si esa documentación no está bien organizada, no está bien identificada, no está bien clasificada, no está bien descripta, por más que digamos que es secreta o que es pública, es información a la que no se puede acceder.
De hecho, es uno de los grandes inconvenientes o uno de los grandes escollos con el que se encuentra la implementación del derecho de acceso a la información, un derecho que en nuestro país está reconocido por la reforma constitucional de 1994, que muchísimos años después logró la sanción de una ley en el año 2016, y que así y todo sigue siendo complejo de implementar, porque a veces el Estado no sabe dónde tiene la documentación. O sea, se le pueden hacer pedidos de acceso a la información, pero el Estado no sabe dónde está la información que la ciudadanía le está pidiendo, le está reclamando.
Entonces, en el marco del Ministerio de Defensa se creó, dentro de la Dirección de Derechos Humanos, un megaproyecto que trabajó con los archivos de las Fuerzas Armadas, teniendo un equipo de investigadores e investigadoras y un equipo de archivistas. Ese equipo de archivistas, en colaboración con el Archivo General de la Nación, desarrolló un trabajo profundísimo.
De hecho, se creó una página web que se llamaba Archivos Abiertos, donde se empezaba a subir la descripción sobre la información, se empezaban a subir documentos, a subir inventarios.
Ese equipo de archivistas le brindaba apoyo al equipo de investigación, que lo que hacía era responder los pedidos de la justicia y los pedidos de las personas, ya fueran familiares o estuvieran vinculadas a determinados casos que pedían información.
Se trabajó un montón, se trabajó tanto que a fines del año 2015 se creó por Resolución Ministerial un Sistema de Archivos de la Defensa, que es un sistema modelo en el ámbito latinoamericano. De hecho, este proyecto fue un proyecto ejemplar en toda Latinoamérica sobre cómo volver accesibles los archivos de las Fuerzas Armadas.
Este programa se empezó a desfinanciar durante durante el macrismo, muy fuertemente, se despidió mucha gente: se despidieron archivistas, se despidieron digitalizadores, se despidieron investigadores. Durante la gestión de de Alberto Fernández, no se recuperó ese proyecto, y esta gestión lo cerró.
Entonces, es contradictorio: hablan de que van a desclasificar documentos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas, pero el programa que se dedicaba a hacer el trabajo de volver accesibles esos archivos fue cerrado.
Bien, entonces, ¿ves esto como una impostación si esto ya se hizo?
No sé qué esperan que crea la mayoría del público que escucha a Laje o que quizás comulga con este discurso que quisieron implantar ayer, como que con «una nueva revisión», no sé, van a encontrar «información nueva». La información sigue siendo la misma.
Entonces, ¿cómo ves esto?
Yo lo que veo es lo siguiente: hay todavía un montón de documentación que no ha sido puesta a la consulta pública, ¿sí? O sea, se ha trabajado con los archivos de las Fuerzas Armadas, pero, por ejemplo, nunca se avanzó sobre la documentación de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
De hecho, creo que fue en el año 2020 o 2021, que el Encuentro Cachito Fukman hizo un pedido de acceso a la información al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acceso a la documentación de inteligencia, sobre todo de inteligencia naval, porque hay ex detenidos desaparecidos que durante su cautiverio en la ESMA tenían como trabajo, los obligaban, a microfilmar fichas de la ESMA en las que se daba cuenta de las detenciones ilegales y del funcionamiento clandestino del Estado, y esos documentos nunca aparecieron.
Entonces, no sé, si este gobierno tiene intenciones en avanzar en eso y en encontrar el destino final de los desaparecidos, sería maravilloso. No creo que sea ese su objetivo pero, claro, si el interés fuese genuino, hay cosas en las cuales avanzar. Pero a priori no parecería el caso.
Y con respecto a la documentación de la SIDE hubo un proyecto de trabajo en la gestión de Alberto Fernández también con la documentación de la entonces AFI, ex SIDE, pero que por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya permitido el acceso público, sino que creo que a lo que se dedicaron fue a identificar y describir documentación para pedidos, para responder a pedidos puntuales de personas damnificadas. No sé si están hablando de eso.
O sea, el anuncio que hizo Adorni fue «vamos a desclasificar la documentación de Fuerzas Armadas». Bueno, eso ya está. Por ahí el señor no está informado, no lo sé. Quizás no estaba al tanto.
Bien, Mariana, en relación a lo que ya nombraste de los archivos de Defensa, que el Ministro de Defensa actual, Luis Petri, cerró ese programa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo repercutió? Sería otro ejemplo de la contradicción, ¿no? De lo que anuncian con lo que efectivamente se hace en las políticas en relación a esta materia, ¿no?
Sí, sí. De hecho, no sólo cerraron ese programa, sino que despidieron un montón de compañeras y compañeros del Archivo Nacional de la Memoria, que fue la institución creada en el año 2003, con la función de recabar la mayor cantidad de información vinculada al accionar terrorista del Estado durante durante la última dictadura militar. O sea, los programas que se dedicaban a la investigación, a la recuperación de documentos, a su puesta al acceso, a poner esa documentación al servicio de la CONADI, al servicio de distintas instituciones estatales que tienen por finalidad la restitución de la identidad, la búsqueda de las personas desaparecidas. Todo eso se fue se fue achicando. Y la verdad es que para hacer un trabajo serio en materia archivistica, lo primero que se necesitan son políticas públicas.
Políticas públicas que tengan, que incluyan, digamos, la normativa, que puede ser la clasificación o desclasificación de documentos, pero sobre todo la asignación de recursos económicos y de recursos humanos formados en el campo, para poder hacer un tratamiento integral de la documentación, y poder presentarla a la ciudadanía en contexto. No sólo -que quizás es para ese lado que se está pensando- presentar documentos de color que vengan a fundamentar algo que se quiere decir.
De hecho, otra situación denunciada por la Asociación de Archivistas en la Función Pública, y que a partir de eso se logró frenar, era una medida de la Armada, de trasladar su archivo, el Archivo General de la Armada, a otro edificio para poder vender el que estaban ocupando, eliminando toda la documentación que se considerara que había que eliminar; cuando para eliminar documentación pública se supone que hay que seguir todo un protocolo de acción que incluye la consulta al Archivo General de la Nación, la identificación de series documentales, la elaboración de actas, la asignación de responsabilidades, que alguien firme «esto se va a destruir», y por qué razones.
O sea, en febrero se detuvo por orden judicial, una serie de medidas que lo que buscaban era seleccionar documentos con criterios discrecionales respecto a qué documentación se guardaba y qué documentación se tiraba.
Claro, Mariana, acá hay entonces una suerte de épica que no es tal, porque estás vos remarcando que es algo que ya se hizo, ¿no? Sucedía similarmente con algo que nos acordamos todos cuando se hablaba de la necesidad de auditar las universidades y es algo que ya se hacía ¿no? Es como una forma de operar en distintas áreas ¿crees que de alguna forma esto le puede generar algún rédito? ¿Cuál sería la intención? ¿Instalar su versión sobre lo que sucedió en la última dictadura? ¿Cuál cuál sería tu conclusión final como a modo de cierre? Más del lado político, ¿no?
Sí, a mí la verdad que me cuesta mucho entender las lógicas con las que este gobierno funciona. Me cuesta un montón. Estas frases grandilocuentes, yo creo que lo que buscan es generar una especie de realidad paralela, donde no se reconoce ni el trabajo realizado, ni las políticas que efectivamente hay que hacer, y son eso: frases para ganar adhesiones respecto a algo que no termino de entender qué es lo que puede llegar a ser.
Todo lo que sea hacer trabajo archivístico sobre los archivos, abrirlos y ponerlos a la consulta pública, es bienvenido, yo creo, por por quienes estamos en el activismo, por la apertura de los archivos, ya seamos archivistas, la sociedad civil. Digo, en la consigna «Abran los archivos», que es una consigna que instaló Norita hace décadas y que el pueblo reclama en las calles desde hace años.
Entonces, ese «Abran los archivos», no termina de completarse, pero no termina de completarse porque no hay políticas públicas archivísticas y no está la decisión política de llegar a eso.
Bienvenidos si los quieren abrir y, por favor, abran los archivos de inteligencia naval y todos aquellos archivos que dan que den cuenta de dónde están los compañeros y las compañeras desaparecidas y cuál fue su destino final.
